Sedesol entregaba recursos a menores cuyas madres fueran víctimas de feminicidio, ahora esperan que entren en vigor las reformas a la ley para que el estado del suroeste esté obligado por ley a retomar las ayudas
La austeridad de la Administración federal dejó sin protección a niños que quedaron huérfanos después del feminicidio cometido contra sus madres.
Antes de la 4T, los menores eran inscritos por el gobierno estatal, en el programa federal Seguro de Vida para Jefas de Familia, la cual dependía de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
En caso de que los menores de edad y jóvenes hasta los 24 años perdieran a sus madres, se les entregaba un apoyo que iba desde 330 hasta 2 mil 40 pesos al mes.
En su lugar se implementaron las Becas Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro, planes no ideados para hijos en orfandad, quienes no tenían que hacer trámite por el caso de gravedad.
Ahora, será el estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedesoh), quien retomará el programa para jefas de familia, adaptado al contexto local.
Ana Vásquez Colmenares, titular de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO) explica que el gobierno estatal da atención solo a 119 menores cuyas madres fueron asesinadas.
En todo el estado, el congreso estima que son 544 niños huérfanos desde 2010 al primer semestre de 2018.
Ahora, los legisladores locales reformaron el artículo 22 de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de que el gobierno oaxaqueño garantice la alimentación, salud y educación de todos los hijos e hijas de víctimas de feminicidio.
Vásquez Colmenares asegura que con los expedientes de la Fiscalía Especializada en Víctimas, se hacen visitas para conocer la situación de los huérfanos.
Se verifica con quién y en qué condiciones viven, en algunos hogares, las hijas se convirtieron en madres a muy temprana edad.
Sin embargo, existen casos de hace 15 años que aún están abiertos, cuando el feminicidio no se había tipificado como delito, y las muertes de mujeres se clasificaban como homicidios dolosos.
La responsable de las políticas de equidad de género en Oaxaca revela que “muchas familias tuvieron que abandonar sus casas por miedo de los feminicidas, otras se mudaron a la capital para seguir el proceso penal. Son gastos que no tenían”.
Refiere que las abuelas incurren en gastos para seguir el proceso penal, y absorben los gastos de crianza de sus nietos, y ellas viven en crisis económica tras la pérdida de sus hijas.
(Con información de El Universal y el Mañanero)
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